- Entre las iniciativas cuentan la posibilidad de adelantar hasta un 20% del valor del contrato original de obras; adelantar los recursos de los denominados valores proforma para cambios de servicios; reemplazar las garantías en la medida que avancen los trabajos para liberar fondos; la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas pueda intervenir en aquellos contratos finalizados anticipadamente, y la ampliación de las causales por las cuales es posible la ejecución inmediata de modificaciones de contratos sin esperar la tramitación que lo aprueba.
En dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena y junto a socios y empresas de la región, el SEREMI de Obras Públicas, Javier Sandoval Guzmán, dio a conocer el Plan para el Crecimiento y la Liquidez de las Empresas de Obras Públicas que tiene por objetivo dar respuesta a la necesidad de reactivación económica, adelantar recursos para la ejecución de obras y agilizar la gestión de los contratos para dar continuidad a la ejecución de infraestructura.
Entre las medidas adoptadas, se anunció la instrucción de la Dirección General de Obras Públicas de entregar un adelanto de 20% del valor de las obras a las empresas que lo soliciten, lo que les permitirá a las empresas levantar su faena u obra con recursos del propio contrato. También, se destacó una serie de medidas que fueron aprobadas por la Contraloría General de la República como la posibilidad de reemplazar la garantía de anticipo, en la medida que avancen las obras con el fin de entregar liquidez a las empresas. El paquete ya se encuentra operativa.
Respecto a las medidas, Sergio Quilodrán Muñoz, Vicepresidente del Comité Ampliado de Infraestructura Pública de la CCHC, indicó que “estamos muy satisfechos, esto es lo que permite hoy día la diversificación en el ámbito de la economía y de la construcción, son medidas que son bienvenidas porque permiten la asociatividad, obtener actos administrativos en el corto plazo y finalmente optar a los anticipos que queremos hoy día. Creo que hay que seguir trabajando en este ámbito, hay soluciones que están en el ámbito administrativo pero que requieren también el ámbito reglamentario, con los fondos de garantía que están hoy en trámite, para que la banca y el mercado financiero se abran y puedan entregar los elementos de caución que permiten hoy obtener plata líquida por parte del Estado”.
Por su parte, el SEREMI de Obras Públicas, Javier Sandoval Guzmán, agradeció la instancia de participación, señalando que “como Ministerio hemos dispuesto todas las herramientas para poder dar flexibilidades y certezas a las empresas que trabajan con nosotros, porque entendemos que aportan de gran manera a nuestra economía. Durante estos años, hemos enfrentado escenarios complejos, como lo fue la pandemia y lo que implicó su posterior recuperación, es por eso que esta y otras medidas ayudarán a que las empresas puedan trabajar de manera más segura. Un ejemplo de ello fue el reajuste polinómico retroactivo que desde el año 2022, ha significado una inversión MOP de más de 151 mil millones de pesos para 1.738 contratos; o el trabajo conjunto con Banco Estado, que permitió a las empresas contratistas acceder a productos y tarifas preferenciales, entre otras medidas”.
Medidas para la reactivación
Otra medida adoptada es la posibilidad de otorgar al contratista un anticipo para financiar partidas contratadas como “valores proforma” (trabajos de cambio de servicios antes de comenzar la obra), como cambios en servicios de luz, agua, telefonía, gas, entre otros, que la empresas deben contratar a terceros. Esta medida tendrá un impacto en cerca del 40% de los contratos de la Dirección de Vialidad.
Para dar respuesta a la dificultad que presenta el Ministerio de Obras Públicas cuando se terminan los contratos anticipadamente, el MOP podrá intervenir en las obras que quedan abandonadas, ejecutando las obras provisionales que se requieran por razones de seguridad o que sean indispensables para evitar trastornos a la comunidad o el deterioro de lo construido.
Por otra parte, se amplían las causales por las cuales es posible la ejecución inmediata de modificaciones de contratos sin esperar la tramitación que lo aprueba y medidas como la posibilidad de formar consorcios para sumar capital o experiencia y la facultad de inscribir en el registro de contratistas a empresas relacionadas pasan a ser una norma permanente y ya no solo para los años 2023-2024.
Este plan se suma a otras acciones adoptadas en 2022 y 2023 como el reajuste polinómico retroactivo que desde 2022 ha significado una inversión por parte del MOP de MM$151.256 para 1.738 contratos; el trabajo conjunto con BancoEstado para que las empresas contratistas puedan acceder a productos y tarifas preferenciales; el paquete de medidas normativas Pro Pyme anunciadas el año pasado, que permitió ampliar hasta un 50% la subcontratación y que los contratistas de obras menores pudieran postular a proyectos de hasta 20.000 UTM.
