Cámara de Diputados: Comisión de Minería aprueba en general proyecto de ley que elimina la no concesibilidad del litio

• Diputados UDI señalaron que la medida aporta a transformar Chile en potencia mundial de la industria y a aumentar recaudación fiscal.

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara aprobó en general el proyecto de ley que establece la derogación de la norma legal que dispone la no concesibilidad del litio, vigente desde 1979.

En las próximas sesiones, la iniciativa comenzará a ser discutida en particular, anticipándose un debate que no estará exento de controversia, debido a las posturas diametralmente opuestas respecto del modelo administrativo; financiero y político con que debe efectuarse la explotación del mineral en las próximas décadas.

Al respecto, el diputado integrante de la instancia, Marco Antonio Sulantay, dijo que “esta decisión representa un paso muy importante para la industria futura del litio, ya que debemos adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance para transformar a Chile en una potencia mundial”.

El parlamentario agregó que “si bien tenemos un gran potencial, no somos los principales productores, ni quienes tenemos la mayor cantidad de recursos. Y abrir la explotación del litio a las concesiones, no sólo es una actualización necesaria de nuestro ordenamiento jurídico, sino una tremenda oportunidad para competir con Australia y eventualmente con Argentina y Bolivia”.

Asimismo, su par, el diputado Álvaro Cárter, también integrante de la Comisión de Minería, agregó que “la opción de concesionar esta industria será, además, una gran opción para financiar más y mejores políticas públicas a través de una recaudación fiscal más robusta”.

Para estos efectos, el proyecto elimina el artículo 5º del Decreto Ley Nº2. 886 y modifica el artículo 3°, inciso 4°, de la Ley Nº18.097, Orgánica sobre Concesiones Mineras, los artículos 7° y 9° del Código de Minería; y el artículo 8° de la Ley Nº18.302, que crea la Comisión chilena de Energía Nuclear.
En esa línea, la iniciativa busca incorporar el régimen jurídico de explotación del litio a la legislación común minera, de modo que sea tratado como un bien de propiedad del Estado cuya explotación y exploración se concede a terceros, ya sean estatales o privados.