El 1 de agosto de 2024, Chile da un paso significativo en la protección de los derechos laborales con la entrada en vigor de la Ley Karin. Esta ley, inspirada por la trágica muerte de Karin Salgado, no solo establece un marco legal para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, sino que también busca transformar profundamente la cultura laboral del país.
Desde una perspectiva de políticas públicas, la Ley Karin es un ejemplo de un enfoque preventivo robusto y colaborativo. La institucionalidad pública laboral ha trabajado intensamente para dar una bajada específica a la legislación, asegurando su adecuada implementación. La Superintendencia de Seguridad Social publicó la circular N°3813, que establece un protocolo tipo para la gestión de riesgos psicosociales en las empresas. Es importante destacar que este protocolo fue desarrollado tras una consulta pública que recogió más de 200 comentarios, destaca la importancia de una gestión participativa y de colaboración entre los actores sociales involucrados.
El Ministerio del Trabajo, a través del Decreto N°21, ha definido claramente los procedimientos de investigación de acoso laboral y sexual. Estos procedimientos garantizan la imparcialidad, rapidez y perspectiva de género en las investigaciones. Además, el Ministerio ha desplegado un programa de encuentros informativos y capacitaciones regionales, asegurando que tanto empleadores como trabajadores comprendan y apliquen adecuadamente las nuevas exigencias de la ley.
Un acierto crucial del reglamento de la Ley Karin es la relevancia de incorporar una perspectiva de género en su implementación. El acoso laboral afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las minorías de género, y las estrategias de prevención y respuesta deben tener en cuenta estas diferencias. Esta perspectiva asegura que las políticas y medidas adoptadas no sean ciegas al género, y, por el contrario, sean inclusivas y equitativas, promoviendo un ambiente laboral respetuoso para todos.
Por parte del sector público, uno de los grandes empleadores del país, la Contraloría General y el Servicio Civil han sido proactivos en la implementación de la Ley Karin, emitiendo lineamientos claros y trabajando intensamente para establecer protocolos específicos que aseguren la protección contra el acoso y la violencia en la función pública. Este compromiso institucional refleja una dedicación seria hacia la creación de entornos laborales públicos respetuosos y libres de discriminación, especialmente en aquellos servicios de ventanilla, lo que se suele llamar burocracia callejera, que está más expuesto a esta clase de situaciones.
En lo que respecta a la implementación, es necesario considerar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que enfrentan desafíos particulares debido a sus limitaciones estructurales y recursos. La ley permite la externalización de servicios de investigación, una medida que, aunque práctica, requiere vigilancia para garantizar la imparcialidad y efectividad de los procesos. Este aspecto subraya la necesidad de apoyo continuo y específico para las Pymes, asegurando que puedan cumplir con las normativas sin comprometer su operatividad ni el espíritu de la ley.
La Ley Karin no solo es un marco legal necesario, sino una oportunidad para un cambio cultural significativo en los lugares de trabajo en Chile. Su enfoque preventivo y proactivo ofrece un contraste refrescante frente a la reactividad tradicional de la legislación laboral. Es crucial que los empleadores, especialmente la alta dirección en el sector público y privado, se comprometan activamente con la implementación de esta ley y la promoción de una cultura libre de acoso. Las mutualidades, por su parte, jugarán un rol fundamental al proporcionar asistencia técnica y apoyo psicológico. Estas instituciones ya se han desplegado para ayudar a las empresas a cumplir con las nuevas normativas y asegurar que los entornos laborales sean seguros y respetuosos.
En conclusión, la Ley Karin es más que una normativa; es un llamado a la acción para construir entornos laborales donde la dignidad y el respeto sean la norma. El compromiso de la alta dirección, tanto en el sector público como en el privado, junto con el apoyo de las mutualidades y el involucramiento activo de todos los actores sociales, serán determinantes para garantizar un cambio cultural real y sostenible. Esta ley no solo protege, sino que también empodera a los trabajadores, creando un futuro laboral más justo y equitativo para todos.
Por: Alan Sepúlveda Rodríguez, académico de Administración Pública de la Universidad Central Región de Coquimbo.
