La propuesta busca la simplificación de los procesos de autorización de permisos no ambientales en áreas reguladas, reduciendo entre un 30% y 70% los tiempos de sus respectivos trámites, otorgando más eficiencia y certeza a los proyectos de inversión.
Según un catastro del mes de junio, en la región de Coquimbo existen 31 proyectos de inversión privada en diversas etapas de ejecución, los que representan un monto total de más de US$ 5.226 millones.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto que crea el Sistema Inteligente de Permisos. La iniciativa, que tiene por objetivo la reducción de los tiempos asociados a los procedimientos regulados de evaluación de proyectos de inversión, culminó con la votación de 110 artículos permanentes tras meses de trabajo legislativo, avanzando su trámite a la Comisión de Hacienda.
En específico, la propuesta pretende disminuir entre un 30% y 70% el tiempo de gestión de permisos que no forman parte del Sistema de Evaluación Ambiental, simplificando y haciendo más eficiente su desarrollo.
Esto permitirá la aceleración de proyectos de diferente tipo y tamaño, públicos o privados, desde iniciativas vinculadas a MiPymes, como pequeños negocios y restaurantes, a inversiones pertenecientes a la industria minera o energética.
Pía Castillo Bosselaar, SEREMI de Economía, Fomento y Turismo, destacó que el proyecto entrega mayor certeza jurídica, sin dejar de lado los estándares técnicos, la seguridad, y el cuidado a la salud y el medioambiente que originalmente estos procesos proporcionan.
“Este proyecto busca mejorar y fortalecer la regulación, permitiendo mantener un estándar regulatorio alto y una mayor rapidez y eficacia para acelerar la inversión, sobre todo, considerando que la inversión privada es generadora de empleos, encadenamientos productivos y desarrollo económico local en los territorios”, afirmó la SEREMI de Economía.
Además, la SEREMI Pía Castillo recordó que, “a inicios de agosto, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados sesionó en La Serena, instancia liderada por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, en la que se analizó el avance en la tramitación del proyecto de ley y se dialogó con los principales gremios y titulares de proyectos de la región en torno a los procesos de evaluación sectorial de sus iniciativas. Nuestro compromiso es con el acompañamiento a las inversiones sostenibles y que generen empleos y desarrollo económico y esta agenda de atracción y aceleración de inversiones es un claro ejemplo de ello”.
Cabe señalar que, en la Región de Coquimbo, de acuerdo con el más reciente catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), correspondiente al mes de junio, existen 31 proyectos de inversión privada en diversas etapas de desarrollo (ingeniería conceptual, ingeniería básica, en construcción o terminados), cuyo monto total supera los US$ 5.226 millones.
Víctor Pino, diputado de la Región de Coquimbo y presidente de la Comisión de Economía, destaca que “fueron 7 meses de tramitación, en los cuales dialogamos con todos los sectores hasta llegar a los consensos necesarios entre el oficialismo y la oposición. Era fundamental darle al país una institucionalidad que permitiera tramitar los permisos con mayor celeridad, algo que no habíamos logrado en más de 30 años”.
En este sentido, el parlamentario plantea que se espera que siga avanzando con la misma celeridad que se le dio en la Comisión de Economía, ya que este proyecto es crucial para el país, pues permitirá mejorar los tiempos de inversión y desarrollo, aspectos que a menudo han sido obstaculizados por trámites burocráticos.
“En particular, la implementación de esta moción tiene una relevancia significativa para la región de Coquimbo. Coquimbo, con su potencial económico y sus vastos recursos naturales, ha enfrentado desafíos relacionados con la lentitud en la tramitación de permisos, lo que ha limitado su capacidad para atraer inversiones y desarrollar proyectos clave. Con la nueva institucionalidad, se prevé una optimización en los tiempos de aprobación y gestión de permisos, lo que facilitará la llegada de inversiones y la realización de proyectos de infraestructura y desarrollo”, destacó Pino.
Según los estudios y proyecciones realizadas en el contexto del proyecto de ley, se estima que, con el nuevo Sistema Inteligente de Permisos, la tramitación de una explotación minera se reduzca de 9 años y 2 meses a 5 años y 11 meses (-35%); en el caso de una línea de transmisión eléctrica, de 4 años y 11 meses a 3 años y 8 meses (-25%);
