Cecira Figari (88) en Coquimbo y Salvador Serey (83) en Illapel cesaron funciones el 2 de octubre tras entrar en vigor el límite de 75 años para notarios y conservadores, dispuesto en la reforma al sistema notarial. El Ministerio de Justicia preparó listas de interinatos para asegurar continuidad.
La medida se enmarca en la reforma al sistema de notarios, conservadores y archiveros que establece el cese de funciones al alcanzar los 75 años de edad. El proceso fue preparado con anticipación por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para resguardar la continuidad de la atención.
El Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, Humberto Bermúdez Ramírez, destacó la trayectoria de ambos profesionales y explicó las medidas adoptadas.
"Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos implementando esta reforma de manera responsable, ordenada y conforme a la ley. Destaco la trayectoria de ambos profesionales, pero el cese de funciones de quienes alcanzaron los 75 años forma parte de un proceso de modernización institucional que preparamos con la debida anticipación, precisamente para asegurar la continuidad de los servicios y evitar cualquier afectación a las personas", señaló Bermúdez.
El proceso considera medidas para que los oficios continúen funcionando con normalidad, incluyendo la preparación de las listas de interinatos y las coordinaciones necesarias para la designación de quienes asumirán temporalmente estas funciones.
El Ministerio de Justicia remitió el 2 de octubre los perfiles de los cargos al Sistema de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, dando inicio al proceso que permitirá avanzar hacia los concursos públicos para la provisión definitiva de estos puestos.
"Esta reforma no solo implica el cumplimiento de una disposición legal, sino también avanzar hacia un sistema más moderno, transparente y basado en el mérito. Nuestro compromiso es que este proceso se desarrolle resguardando la continuidad del servicio y, especialmente, la atención que las personas necesitan", agregó la autoridad regional.
La implementación de la nueva normativa combina tres objetivos fundamentales: el cumplimiento de la ley, la continuidad del servicio y el fortalecimiento de la transparencia en el acceso a estos cargos.
