La iniciativa, con más de 6 años de tramitación, tiene un fuerte foco en transparencia, fiscalización y en la calidad del servicio que se entrega a los usuarios.
La Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, María José Rojas Erbetta, valoró la reciente promulgación de la reforma al sistema notarial y registral, una iniciativa que tras más de seis años de tramitación busca transformar profundamente el funcionamiento de notarios, conservadores y archiveros en el país.
La reforma, que actualiza el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, forma parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, permitiendo, entre otros avances, proporcionar estándares claros de transparencia; establecer procesos de selección mediante Sistema de Alta Dirección Pública; limitar el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijar tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporar fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.
Al respecto, la autoridad señaló que “notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de concursabilidad a través del sistema de alta dirección pública, con el objeto de que estén ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos y no por ninguna razón externa”, añadiendo que “también se le entrega un mejor servicio a todas las personas que realizan a diario trámites en las notarías, en los archiveros, en los conservadores, a través de regulaciones específicas, con tarifas máximas, y también un control muy claro y eficiente de la labor que prestan estos funcionarios”.
“En la Región de Coquimbo este cambio será muy positivo, porque permitirá que las personas accedan a un servicio más moderno, eficiente y cercano, especialmente en zonas donde históricamente ha existido menor acceso a estos oficios”, puntualizó la Seremi.
Características de la ley:
- Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
- Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
- Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.
- Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.
- Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
- Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
