A un año de la total implementación: Más de 1.300 niñas, niños y adolescentes han sido parte del procedimiento de la ley de entrevistas videograbadas en la región de Coquimbo

Con más de 20 entrevistadoras y entrevistadores acreditados en la región
de Coquimbo y un total de 13 salas especiales de toma de declaración, se
ha implementado la ley de entrevistas videograbadas.

A un año de la total implementación de la Ley N° 21.057 de Entrevistas
Videograbadas, desde su gradual puesta en marcha en octubre de 2019, más de
25 mil niños, niñas y adolescentes han sido entrevistados y 1,964 de ellos han
prestado declaración en juicio. De ellos, un total de 1.342 pertenecen a la región
de Coquimbo.

La mencionada ley ha establecido un marco normativo que regula la toma de
declaraciones de los niños, niñas y adolescentes en las etapas investigativas y
judiciales. Su propósito es evitar preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas,
además de resguardar la privacidad y seguridad de los menores, garantizando un
relato voluntario sin contaminación de información de terceros.

“Los niños, niñas y adolescentes que fueron parte de este procedimiento, se
ve reflejado en la disminución de declaraciones en los juicios, lo que se
traduce en la reducción de la revictimización a quienes han sido vulnerados
en sus derechos, que es lo que finalmente persigue esta ley de entrevistas
videograbadas” indicó al respecto, Rubén García Tapia, seremi de justicia y
DDHH de Coquimbo.

La protección de la ley se extiende a las etapas de denuncia, investigación y
juzgamiento, quedando sometidas estas instancias a los principios de Interés
superior, autonomía progresiva, participación voluntaria, prevención de la
victimización secundaria, asistencia oportuna, tramitación preferente y por último,
el resguardo de su dignidad.

Además, 586 entrevistadores están acreditados en el Registro de Entrevistadores
que administra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 224 salas
especiales para la toma de declaración se encuentran operativas a lo largo del
país.

El Estado de Chile, con la total implementación de esta ley, reafirma su
compromiso con la protección de los derechos de los niños y los principios
rectores de la Convención de los Derechos del Niño y estándares internacionales para la protección de niños víctimas y testigos de delitos.