Marco Antonio Sulantay y Juan Manuel Fuenzalida propusieron aumentar las penas y multas para quienes se dediquen a la sustracción de dicho material, advirtiendo que sólo durante este año se han robado 170 kilómetros, lo que en total suma 42 toneladas de cobre en el país.
A raíz del intenso sistema frontal que afecta a las regiones del centro sur del país, los diputados de Marco Antonio Sulantay y Juan Manuel Fuenzalida, anunciaron que esta semana decidieron presentar un proyecto de ley que busca tipificar como delito el robo y hurto de cables de alta tensión en el país, considerando que durante el último año ha aumentado un 217% la sustracción de dicho material -fabricado de cobre-, provocando innumerables interrupciones en el sistema eléctrico, lo que incluso puede generar consecuencias mortales para las personas que son electrodependientes.
Al respecto, ambos parlamentarios explicaron que sólo este año se han robado 170 kilómetros de cables eléctricos, lo que suma en total 42 toneladas de cobre en el país, advirtiendo incluso que ya existen bandas y organizaciones criminales que se dedican exclusivamente a cometer ese delito.
Por lo mismo, y considerando que en situaciones de emergencias -como la que ocurre actualmente producto de las precipitaciones- suelen aumentar los robos, Sulantay y Fuenzalida propusieron aumentar las penas para quienes sean sorprendidos cometiendo dicho delito, como también para quienes se dediquen a reducir los cables y revenderlos. Asimismo, establecieron millonarias multas contra los funcionarios públicos que también participen en bandas criminales con dichos fines.
“El constante robo de cables de alta tensión, destinados a la transmisión eléctrica en nuestro país, no sólo se ha convertido en un verdadero problema y un dolor de cabeza para las empresas que prestan este servicio, sino que también para los usuarios, que deben sufrir con interrupciones inesperadas y en distintos momentos, lo que incluso puede tener consecuencias fatales para las personas que son electrodependientes y que dependen del suministro”, indicaron los diputados UDI, quienes detallaron que las regiones más afectadas durante 2023 son las de Coquimbo y O’Higgins.
Producto de lo anterior, Sulantay y Fuenzalida llamaron al Gobierno a patrocinar y otorgarle máxima urgencia al proyecto de ley, considerando que -en promedio- se cometen 60 robos al día, lo que por ejemplo en el año 2022 terminó perjudicando a más de dos millones de hogares en el país, los cuales en su mayoría están ubicados en las comunas y sectores más vulnerables y de escasos recursos.
“Estamos hablando de uno de los delitos que más víctimas tiene en nuestro país, pero que muchas veces no recibe la atención que merece. Cuando sólo en el año se producen 60 robos diarios, significa que cada día hay miles de personas que de un minuto a otro se quedan sin electricidad, debiendo esperar varias horas para su reposición. Incluso, este delito afecta a otros servicios básicos, como el sanitario, porque los sistemas de Agua Potable Rural (APR) dependen de electricidad para el funcionamiento de sus bombas, de manera que el problema es mucho mayor cuando el robo se produce en los sectores más rurales del país”, reiteraron los diputados de la bancada gremialista.
