La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja aprobó por unanimidad el proyecto del diputado Bernardo Salinas (PC) que sanciona la extorsión territorial y el cobro de protección. La iniciativa busca frenar el control que organizaciones criminales ejercen sobre comerciantes y trabajadores mediante amenazas y cobros ilegales.
El proyecto, presentado por Salinas junto a parlamentarios de distintos sectores, aborda una modalidad de extorsión que afecta especialmente a barrios comerciales, ferias libres y pequeños emprendimientos, donde grupos delictivos ejercen control territorial mediante intimidación.
La iniciativa propone incorporar al Código Penal disposiciones específicas para sancionar estas conductas, contemplando penas agravadas cuando busquen establecer o mantener el control de barrios, ferias o establecimientos comerciales. También considera sanciones para quienes recauden, administren u oculten los recursos obtenidos mediante estas prácticas.
"Este proyecto obedece a empatizar y hacernos cargo de lo que las propias organizaciones barriales y comerciales nos han manifestado. La extorsión territorial es un hecho gravísimo que se ha ido fortaleciendo y ampliando a nivel nacional", señaló el diputado Salinas.
El parlamentario explicó que son bandas organizadas del crimen que tienen aterrorizados territorios completos, cobrando a cada locatario para dejarlos trabajar. "Era un vacío legal que no existía, porque sí existía la extorsión a las personas, pero no existía la extorsión territorial", afirmó.
Salinas relató testimonios de comerciantes afectados: "Hay gente que se nos acercó, locatarios, 'nos cobraron 20 millones de pesos para poder dejarnos trabajar'". El diputado destacó que estas prácticas se concentran en centros urbanos pero tienen expresión nacional.
Durante la discusión, parlamentarios de distintos sectores formularon observaciones que fueron recogidas mediante una indicación de consenso. El proyecto protege bienes jurídicos como la libertad, el derecho al trabajo y la propiedad, estableciendo penas de 10 años y un día en su grado medio a máximo.
"Esperamos que este proyecto se vote primero en la Cámara y posteriormente se vaya al Senado, porque creo que responde a una necesidad de carácter urgente para proteger hoy día la integridad, la tranquilidad, la libertad y la paz que requieren los territorios de todo Chile", concluyó Salinas.
La iniciativa queda en condiciones de continuar su tramitación legislativa, con votación pendiente en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado.
