La Contraloría General de la República objetó el Decreto N°94 del Ministerio de Transportes que buscaba rebajar exigencias técnicas a taxis y servicios de transporte menor. El organismo fiscalizador determinó que la propuesta carecía de fundamentos técnicos, jurídicos y no fue sometida a consulta pública.
La Contraloría General de la República (CGR) objetó el Decreto N°94 de 2026 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que pretendía modificar el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros, conocido como "Ley Uber". La decisión se fundamentó en la falta de justificación técnica y jurídica para rebajar las exigencias aplicables a los taxis.
La diputada Nathalie Castillo, representante del Distrito 5 que comprende comunas de la región de Coquimbo, había advertido estas irregularidades antes del pronunciamiento del órgano contralor. El pasado 9 de junio, la parlamentaria solicitó una sesión especial de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para analizar las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo.
"La decisión de la Contraloría representa, sin duda, un revés importante para el Ministerio de Transportes. Lo dijimos y lo advertimos junto al gremio de taxistas durante la comisión y también al propio ministro: no era aceptable disminuir exigencias técnicas sin una debida justificación, sin consulta pública y sin fundamentos jurídicos suficientes."
A través de un oficio emitido el 10 de junio, la CGR resolvió no dar curso al decreto que modificaba el Decreto Supremo N° 212 de 1992. El organismo estableció que "el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi", y que en el expediente no constaban los fundamentos que justificaran tales medidas.
La diputada Castillo exigió que el Ministerio corrija el rumbo y entienda que las políticas públicas deben construirse con diálogo, participación y sustento técnico, especialmente cuando afectan el trabajo y la seguridad de miles de personas. La parlamentaria destacó que las observaciones fueron planteadas oportunamente tanto por ella como por el gremio de taxistas.
