La diputada Nathalie Castillo (PC) ingresará indicaciones al Presupuesto 2027 para respaldar demandas de trabajadores de la salud pública, en trabajo conjunto con la Confederación FENATS Nacional y la diputada Irací Hassler. La Cámara comenzará el lunes 9 de noviembre la discusión de las 33 partidas presupuestarias.
La revisión de las partidas se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre, según la calendarización oficial. La partida de Salud concentra mayor atención debido a las movilizaciones de gremios y funcionarios del sistema público, quienes han expresado preocupación por las condiciones laborales y la estabilidad de miles de trabajadores a lo largo del país.
"Este Presupuesto 2027 del Gobierno no puede construirse a costa de la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud. No podemos aceptar que las restricciones presupuestarias terminen siendo una excusa para desvincular a personas que llevan años desempeñando funciones fundamentales en el sistema público, ni que se sigan postergando sus demandas de estabilidad", señaló la congresista.
Una de las principales propuestas busca proteger la estabilidad laboral de quienes llevan cinco o más años desempeñándose de manera continua bajo la modalidad de contrata en una institución pública. La indicación apunta a impedir que sus contratos sean no renovados sin una justificación concreta, exigiendo que las desvinculaciones cuenten con fundamentos verificables y procedimientos transparentes.
La parlamentaria propondrá que el MINSAL informe trimestralmente sobre las no renovaciones de personal a contrata en los distintos servicios de salud. La información deberá incluir la cantidad de personas en esa condición, el estamento al que pertenecían, sus años de antigüedad y los motivos de la decisión, identificando especialmente aquellas fundadas en razones presupuestarias.
Respecto al traspaso de trabajadores a honorarios a la modalidad de contrata, mientras la propuesta del Gobierno contempla un máximo de 1.500 cupos, la Confederación FENATS Nacional plantea alcanzar los 6.500. Castillo ingresará una indicación que propone destinar un 30% de esos cupos a los servicios de salud, priorizar a quienes tengan mayor antigüedad y considerar especialmente a quienes realizan labores directamente vinculadas con la atención de pacientes.
La diputada también ingresó una indicación para que el Gobierno informe cuántos cupos de traspaso fueron solicitados y autorizados, cómo se distribuyeron entre ministerios, servicios y regiones, y cuántos trabajadores a contrata fueron desvinculados.
