La diputada Nathalie Castillo anunció en Canela el ingreso de un proyecto de ley que fortalecerá la protección de nacientes, vertientes y cabeceras de cuenca. La iniciativa amplía las facultades preventivas de la Dirección General de Aguas para actuar antes que el daño sea irreversible en territorios rurales afectados por la sequía.
La diputada Nathalie Castillo anunció este viernes en Canela el ingreso de un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de nacientes, vertientes y cabeceras de cuenca, en medio de la grave sequía que afecta a la Región de Coquimbo. El anuncio se realizó durante el segundo foro regional "Crisis Hídrica y el presente del Campesino".
La iniciativa legislativa amplía las facultades preventivas de la Dirección General de Aguas (DGA), permitiéndole actuar oportunamente frente a riesgos que puedan comprometer el funcionamiento natural y la disponibilidad hídrica de estas fuentes de especial relevancia territorial, ambiental y comunitaria.
La propuesta pone especial atención en el "agua de tejas", expresión tradicional utilizada para referirse a pequeños flujos permanentes de agua que permiten la subsistencia de familias campesinas, animales y ecosistemas locales. Se trata de una forma histórica y comunitaria de aprovechamiento del recurso hídrico que hoy se encuentra amenazada por el avance de la desertificación.
En la Región de Coquimbo sabemos lo que significa ver desaparecer una vertiente o secarse una naciente. No estamos hablando solamente de agua, sino de la posibilidad de que las familias permanezcan en sus territorios, de proteger la agricultura familiar campesina y de resguardar ecosistemas fundamentales para la vida rural. Este proyecto busca que el Estado pueda actuar antes de que el daño sea irreversible y no cuando las comunidades ya han perdido sus fuentes de agua.
El foro reunió a autoridades locales y regionales junto a representantes del Consejo Regional Campesino, quienes abordaron los efectos de la crisis hídrica sobre la agricultura familiar campesina y la permanencia de las comunidades rurales en sus territorios.
La parlamentaria enfatizó que la crisis hídrica exige fortalecer las herramientas de protección sobre aquellos bienes naturales que sostienen la vida de las comunidades rurales, priorizando el consumo humano, la protección de los ecosistemas y el derecho de las comunidades a permanecer en sus territorios.
