La diputada Nathalie Castillo criticó el proyecto Dominga luego que Greenpeace presentara una querella por cohecho contra Andes Iron, acusando pagos de $255,5 millones al estudio Lagos, Vargas & Silber entre marzo y diciembre de 2023, vinculado a la trama bielorrusa.
La diputada Nathalie Castillo cuestionó duramente el proyecto minero-portuario Dominga tras conocerse una querella presentada por Greenpeace por los presuntos delitos de cohecho agravado y revelación de secreto, acción judicial admitida el 18 de mayo por el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago.
La querella surge tras una investigación del medio Reportea que reveló pagos realizados por la empresa Andes Iron entre marzo y diciembre de 2023 al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, una de las oficinas vinculadas a la denominada trama bielorrusa. Los montos ascienden a $255,5 millones, pese a que la representación legal de la minera estaba radicada en otro estudio jurídico.
Dominga vuelve a demostrar algo que las comunidades vienen denunciando por años: cuando el poder económico presiona para acelerar proyectos a cualquier costo, quienes terminan pagando las consecuencias son las familias, el medio ambiente y la confianza pública en las instituciones.
La parlamentaria añadió que durante la tramitación de la megareforma ambiental denunciaron que cuando existen sospechas de corrupción lo mínimo es fortalecer la transparencia y aumentar los controles, pero ocurrió lo contrario: se buscó acelerar aprobaciones y reducir exigencias ambientales.
La querella agrega un antecedente: Cecilia Ramírez, esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, habría desempeñado funciones en el estudio jurídico, recibiendo pagos por $18 millones entre 2023 y 2024, periodo que coincide con los pagos de Andes Iron al bufete.
Greenpeace sostiene que este mecanismo habría operado como pantalla para canalizar beneficios económicos hacia el ministro o su círculo cercano. El abogado querellante Mauricio Daza recordó que Matus votó en dos oportunidades a favor de Dominga, siendo incluso redactor de uno de los fallos.
Castillo había solicitado anteriormente la inhabilidad del ministro para redactar uno de los fallos, tras conocerse que Matus incorporó en su listado de inhabilidades al abogado Marcelo Castillo, gestor de intereses del proyecto Dominga.
