La diputada comunista Nathalie Castillo rechazó la visita de las parlamentarias republicanas Paz Charpentier y Javiera Rodríguez al Penal de Huachalalume, donde está recluido Carlos Robledo Olguín, condenado a 10 años por la muerte de Romario Veloz en La Serena durante octubre de 2019.
Castillo cuestionó que la visita estuviera acompañada de una solicitud pública de indulto presidencial para Robledo. La parlamentaria sostuvo que este tipo de acciones representan una señal política preocupante frente a la sentencia dictada por los tribunales y al proceso de justicia que continúa demandando la familia de Romario Veloz.
"Es inaceptable. Quienes levantan permanentemente el discurso de la mano dura, de la seguridad y del cumplimiento de la ley hoy pretenden que exista impunidad para una persona que fue juzgada y condenada por la justicia por la muerte de un joven que se manifestaba en nuestra ciudad. No se puede exigir que las sentencias se cumplan solo cuando resultan políticamente convenientes", afirmó Castillo.
La parlamentaria agregó que la actuación de las diputadas republicanas tiene consecuencias para la familia de Romario y advirtió sobre la revictimización que pueden generar este tipo de acciones.
"Es una provocación a todo un país y, de manera particularmente cruel, a una madre y a una familia que llevan años esperando justicia y una reparación integral. Cuando existe una condena de los tribunales, lo mínimo que corresponde es respeto hacia las víctimas y sus familias", sostuvo.
Castillo añadió que la solicitud de indulto resulta contradictoria con el discurso político que ha sostenido el Partido Republicano en materia de seguridad.
"Durante años han dicho que en Chile se terminó la puerta giratoria y que quien comete un delito debe cumplir su condena. Pero cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, parecen estar dispuestos a hacer una excepción. Esa contradicción tiene que ser explicada ante el país", señaló.
La diputada anunció que evaluará llevar los antecedentes ante las instancias correspondientes de la Cámara de Diputadas y Diputados.
"Por esta razón, no descartamos poner a disposición de la Comisión de Ética de la Cámara todos los antecedentes de esta situación, para que sean examinados y se determine si corresponde adoptar alguna medida dentro de sus atribuciones. La defensa de los derechos humanos y el respeto a las víctimas no pueden estar sujetos a conveniencias políticas", concluyó Castillo.
