La diputada Nathalie Castillo ingresó 168 indicaciones al proyecto de Reforma Tributaria del gobierno de José Antonio Kast para frenar flexibilizaciones en materias ambientales, tributarias y de control institucional. Las modificaciones buscan fortalecer transparencia, fiscalización y protección ambiental ante lo que la parlamentaria califica como beneficios desproporcionados para grandes grupos económicos.
La diputada Nathalie Castillo ingresó un total de 168 indicaciones al proyecto de Reforma Tributaria impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, conocido como "Ley Miscelánea" o "Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social", cuya idea de legislar ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 22 de abril.
El paquete de modificaciones se orienta principalmente a fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y control institucional, además de resguardar estándares de protección ambiental y participación ciudadana. La parlamentaria busca evitar flexibilizaciones excesivas en materias ambientales, tributarias y patrimoniales.
Hay una tendencia a flexibilizar procedimientos y reducir estándares de fiscalización, participación ciudadana y protección ambiental, así como a fortalecer beneficios tributarios y mecanismos excepcionales que podrían favorecer desproporcionadamente a grandes grupos económicos y rentas de capital. Es muy preocupante y una pésima señal para el país.
Las indicaciones buscan focalizar beneficios económicos y tributarios en pequeñas y medianas empresas, proteger derechos sociales vinculados a la gratuidad, capacitación y acceso a políticas públicas, además de impedir privilegios tributarios permanentes o desproporcionados para grandes grupos económicos y proyectos de inversión.
La representante de la región de Coquimbo identificó puntos críticos principalmente en materia medioambiental, advirtiendo que el proyecto debilita atribuciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En reconstrucción, las indicaciones apuntan a fortalecer la transparencia del Fondo de Emergencia. En acuicultura y pesca, buscan evitar conflictos de interés en informes técnicos y reforzar la fiscalización ambiental.
En materia tributaria, las modificaciones proponen focalizar los beneficios en pequeñas y medianas empresas, mientras que en educación superior se busca eliminar artículos que limitarían el financiamiento y la gratuidad. Esta no es la primera vez que la parlamentaria defiende estándares ambientales, ya que durante la administración del presidente Boric realizó una defensa hídrica en el proyecto de las desaladoras.
