El diputado Bernardo Salinas (PC) anunció que solicitará crear una Comisión Especial Investigadora para indagar la actuación del Gobierno frente a anomalías en medidores eléctricos y eventuales cobros por consumos inexistentes denunciados por familias. El parlamentario exigió al Ejecutivo restituir los recursos a los afectados.
La solicitud del diputado por la Región de Coquimbo e integrante de la Comisión de Minería y Energía busca reunir antecedentes sobre los actos y eventuales omisiones del Gobierno, particularmente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Ministerio de Energía, en los procesos de certificación, control y fiscalización de los medidores, así como determinar cuándo las autoridades conocieron las anomalías y qué medidas adoptaron.
"Estamos impulsando una comisión investigadora para que efectivamente sepamos con realidad y con certeza dónde falló el sistema", señaló Salinas.
El parlamentario anunció que llevará el caso a la Comisión de Minería y Energía para exigir explicaciones a las autoridades responsables de la fiscalización. Solicitará la convocatoria de la superintendenta de Electricidad y Combustibles para que dé explicaciones.
Salinas puso especial énfasis en las consecuencias económicas que estos hechos podrían haber generado para las familias y emplazó al Ejecutivo a actuar para garantizar la restitución de los recursos.
"Hoy día le exigimos al gobierno que inmediatamente tome todas las medidas necesarias para que estos recursos que le usurparon a los consumidores, vuelvan a ser restituidos a aquellas familias que con mucho esfuerzo pueden pagar su cuenta a fin de mes", sostuvo.
El diputado planteó que el caso vuelve a abrir una discusión de fondo respecto de la propiedad y administración de servicios esenciales para la población.
"Es por eso que aquí nuevamente se establece la tesis de que los servicios básicos tienen que volver a ser parte del Estado, para que no, a través del concepto de la ganancia, la utilidad a toda costa, afecten a las familias más humildes, a la de esfuerzo y el trabajo que muchas veces viven con el sueldo mínimo", afirmó.
La solicitud de Comisión Especial Investigadora plantea, entre otros objetivos, establecer la magnitud de los eventuales perjuicios económicos, revisar los mecanismos de reliquidación, compensación y devolución, y determinar si existen equipos del mismo modelo o características similares instalados por otras distribuidoras del país.
El diputado adelantó que la fiscalización podría alcanzar también a la titular del Ministerio de Energía para que dé explicaciones por el impacto en la economía de familias a lo largo de Chile y particularmente de los usuarios de la empresa Enel.
