La Mesa Regional del Robo de Cables, encabezada por el delegado presidencial Víctor Pino, reunió a organismos públicos, policías, Fiscalía y empresas eléctricas para reforzar estrategias frente a un delito que en 2026 ya afectó a 80.000 clientes, concentrándose principalmente en Ovalle y sectores rurales del Limarí.
La instancia contó con la participación de Aduanas, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, la Seremi de Seguridad Pública, la Seremi de Energía, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fiscalía y las compañías eléctricas CGE y TRANSELEC. La reunión abordó el comportamiento del delito en la región, sus efectos sobre el suministro eléctrico y la necesidad de mantener una estrategia conjunta que considere persecución penal, prevención y fiscalización.
Los antecedentes territoriales revelan un desplazamiento de los focos críticos. Mientras La Higuera concentró los casos durante los primeros años, en 2025 y 2026 la mayor recurrencia se trasladó hacia la provincia del Limarí, particularmente a Ovalle y sus sectores rurales y costeros.
En sectores rurales, las interrupciones del suministro pueden extenderse entre 48 y 72 horas, afectando directamente a hogares, personas electrodependientes, Servicios Sanitarios Rurales, telecomunicaciones, establecimientos productivos y actividades agrícolas.
"Son importantes los actores de la mesa, porque nos permiten ver cómo esta situación, que es compleja muchas veces en las comunidades rurales, en lugares muy alejados, en donde, al cortarse el suministro, complicamos tanto la vida como, en muchos casos, también la productividad. Cuando esto se afecta en el sector rural, afectamos también sectores productivos del mundo agrícola, lo cual ha sido principalmente en algunos lugares de la comuna de Ovalle. Estamos trabajando activamente, hay focos de investigación que están hoy día en manos de las policías. Esperamos que estos puedan tener resultados concretos en las próximas semanas", destacó el delegado presidencial regional Víctor Pino.
La seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, enfatizó la importancia de mantener una respuesta articulada entre las instituciones para enfrentar el delito y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
"Hemos logrado realizar una coordinación interinstitucional para poder revertir las cifras negras que hemos tenido estos últimos meses respecto al robo de cables y por supuesto también realizar una prevención efectiva de este delito. Tenemos que recordar siempre que este es un delito que constituye crimen organizado, es allí la importancia que tiene el robo de cables para nuestra región y lo estamos abordando coordinadamente entre todas las instituciones participantes de esta mesa", señaló Duarte.
El seremi de Energía, Cristhian Acori, advirtió sobre la magnitud de las interrupciones eléctricas. Durante 2025 fueron más de 89.000 clientes desconectados producto del robo de cables. En 2026, al mes de octubre, la cifra ya alcanza los 80.000 clientes afectados.
"Esta mesa es súper relevante. Aquí se está vinculando el mundo público y privado, las empresas de transmisión y distribución y por supuesto también el aparataje público", indicó Acori.
El gerente zonal de CGE Coquimbo, Oscar Jerez, valoró la continuidad de esta instancia de coordinación y la participación de las distintas entidades vinculadas a la prevención, investigación y atención de los efectos del robo de cables.
"Participar en esta mesa sin duda es un tema fundamental, el mantener vigente la mesa y, sin duda, que la impronta que se le da con la participación de todos los actores de la zona involucrados en este proceso y que lamentablemente nos vemos afectados, así como la comunidad principalmente, es bueno que se mantenga activa", sostuvo Jerez.
