Autoridades y vecinos presentaron este miércoles un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena contra la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para frenar el cierre de 41 centros comunitarios, incluido el de la Parte Alta de Coquimbo, tras un recorte presupuestario de 525 millones de pesos.
Hasta la Corte de Apelaciones de La Serena llegó este miércoles un grupo de autoridades y vecinos de la Parte Alta de Coquimbo para presentar un recurso de protección que impida el cierre de la Fundación de las Familias y su centro comunitario ubicado en la comuna puerto.
El recurso legal apunta a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien preside la fundación y tomó la determinación hace un mes, luego de un oficio de recorte presupuestario de 525 millones de pesos firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El anuncio generó un gran impacto en la comunidad, ya que el recinto representa prácticamente la única presencia del Estado en un sector de alta vulnerabilidad. Ahí se desarrollan talleres, jóvenes y niños practican deporte, adultos mayores aprenden cocina, poseen una sala de estimulación, un huerto, entre muchas otras actividades, como apoyo en trámites digitales.
Nosotros consideramos que se está vulnerando el derecho a la vida y la integridad física de quienes son usuarios de este centro comunitario, particularmente los adultos mayores que desarrollan una serie de actividades que les permiten mejorar su calidad de vida en términos integrales, incluyendo la salud.
El senador Daniel Núñez, quien apoya la iniciativa legal, detalló que solicitaron que se declare ilegal el recorte de 525 millones por parte del Ministerio de Hacienda y que se dé vida al convenio por el cual se debieran entregar 244 millones a la fundación de parte del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Juan Roa, vecino de la Parte Alta y adulto mayor usuario del centro, representó a los usuarios en el recurso. "Adultos mayores que se han acercado a mí me dicen: nosotros venimos aquí porque para nosotros es un gran aliciente salir de nuestros hogares, salir de nuestros problemas y aquí poder socialmente participar", puntualizó.
El diputado Bernardo Salinas cuestionó la determinación del Gobierno: "Cuando hablamos de que hay que proteger los barrios, desarrollar los barrios, hay que involucrar a la comunidad en el tema de seguridad pública, que los adultos mayores son sujetos de derecho, todo eso hoy día se viene abajo".
La consejera regional Valeria Chacana destacó que desde el Consejo Regional citaron al Seremi de Desarrollo Social, quien decidió no participar en la comisión. "Nos envió una carta de respuesta que no nos deja satisfechos, porque pareciera ser que ni siquiera las autoridades regionales conocen efectivamente los lineamientos que se están dando a nivel central", afirmó.
Cristian Morales, secretario de la Junta de Vecinos Ánima del Quisco, testimonió: "Yo soy testimonio vivo, desde los 8 años en la fundación de la familia, ya tengo 39 años y soy una de las personas que rescata fundación de las familias, porque está en un sector rojo, muy vulnerable".
Con este recurso de protección, los afectados esperan que la justicia decrete una orden de no innovar, lo que permitiría mantener en funcionamiento este y otros 40 centros ubicados en distintos sectores vulnerables a lo largo del país.
