El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Coquimbo y el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial suscribieron un protocolo de colaboración para fortalecer la coordinación interinstitucional y la atención integral de adolescentes y jóvenes del sistema de justicia juvenil en la región.
El acuerdo establece un marco formal de colaboración entre ambas instituciones, promoviendo el intercambio de información, la articulación técnica en casos compartidos y la coordinación de acciones y de la oferta programática, con el propósito de favorecer una intervención integral y resguardar los derechos de los usuarios.
El Programa Mi Abogado es una unidad especializada de la Corporación de Asistencia Judicial encargada de representar ante los juzgados competentes, de manera independiente y autónoma, los derechos, voluntad e intereses de quienes forman parte de su población objetivo.
"Este protocolo de colaboración nos permite fortalecer el acceso oportuno a la justicia para adolescentes y jóvenes que se vinculan con el sistema judicial. Este acuerdo trasciende las voluntades individuales y consolida un compromiso entre instituciones que, bajo el principio de coordinación pública, nos permite avanzar en los procesos de reinserción social de los y las jóvenes y, con ello, contribuir también a la seguridad pública", destacó la directora regional de Coquimbo del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Loreto Rebolledo Rissetti.
"Para el programa Mi Abogado es relevante en atención a que podemos generar coordinaciones y aunar voluntades para que el esfuerzo que cada una de las instituciones realiza pueda concretarse en favor de los adolescentes y jóvenes de la región de Coquimbo", valoró el director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Marcos López Julio.
El instrumento establece que las intervenciones deberán desarrollarse conforme a los principios y estándares técnicos propios del sistema de reinserción social juvenil, considerando especialmente el respeto irrestricto de los derechos humanos, la confidencialidad de la información y el principio del interés superior del adolescente cuando corresponda. Estos estándares se mantienen para quienes alcancen la mayoría de edad mientras continúen formando parte del sistema especializado.
"Este protocolo es fruto de un trabajo mancomunado entre ambos servicios que, a partir de la práctica y la experiencia, han logrado plasmar sus acuerdos en un instrumento que entrega objetividad y claridad a esta coordinación. Es un muy buen trabajo, cuyos principales beneficiarios serán precisamente los usuarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil y que, sin duda, tendrá efectos positivos en el corto plazo", señaló el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Humberto Bermúdez Ramírez.
El protocolo tendrá una vigencia inicial de dos años y contempla planes de trabajo, contrapartes técnicas y reuniones semestrales de seguimiento para evaluar el cumplimiento de sus objetivos.
"Sabemos que las trayectorias de vida de los adolescentes y jóvenes que forman parte del Programa Mi Abogado y del Servicio de Reinserción Social Juvenil involucran múltiples dimensiones. Por eso, la respuesta del Estado, a través de sus instituciones, debe ser integral y no fragmentada. Lo importante es que puedan acceder a una atención y a prestaciones que aborden sus necesidades de manera integral", explicó el coordinador regional del Programa Mi Abogado, Juan Pablo Segovia.
