La propuesta establece un marco legal claro para el acceso al consumo de cannabis en personas mayores de edad, regulando el autocultivo, el porte y el uso privado. A su vez, promueve campañas de educación, prevención y reducción de riesgos, y prohíbe expresamente el consumo en espacios públicos o frente a menores, salvo casos de uso medicinal debidamente acreditado.
Desde la Región de Coquimbo, la diputada Carolina Tello (FA) también valoró la iniciativa: “Este proyecto permite distinguir entre quienes hacen un uso legal del cannabis y quienes cometen delitos. Es una herramienta concreta para combatir la delincuencia con inteligencia y responsabilidad.”
En representación de las organizaciones sociales, el abogado Hernán Bocaz, defensor de usuarios de cannabis, enfatizó que “regular el uso adulto no es cometer un delito, es ejercer un derecho. La persecución ha fortalecido al narcotráfico. ¿El Congreso va a estar con la sociedad civil o con los narcos?”.
Fabiola Campos, directora de la Fundación Sanasativa indicó que la iniciativa “es una respuesta sensata y urgente frente a la crisis de seguridad. Mientras se criminaliza a usuarios, el crimen organizado gana terreno. Es hora de legislar con compromiso político y realidad.”
