En nuestro país, la justicia social no es solo un ideal: es una acción concreta y transversal que se expresa en cada una de las políticas públicas que estamos impulsando en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Ley “Papito Corazón” o la reforma a las pensiones son ejemplos visibles de un modelo que pone a las personas en el centro. Pero la justicia social también se construye fortaleciendo nuestras actividades productivas con identidad local y pertinencia territorial, como es el caso de la pesca artesanal.
La Ley de Fraccionamiento Pesquero, recientemente aprobada con amplio respaldo en el Congreso, representa un cambio estructural que estaba pendiente desde hace más de una década. Esta nueva normativa cambia el corazón de la distribución pesquera, corrigiendo una legislación anterior cuya legitimidad fue profundamente cuestionada, con antecedentes de corrupción que incluyeron condenas por soborno y cohecho a parlamentarios y a una empresa pesquera.
A diferencia de aquella ley marcada por irregularidades, hoy avanzamos con una legislación nacida del diálogo democrático, discutida con transparencia y con participación activa de los territorios. Esta nueva ley busca un equilibrio que permita el desarrollo de ambos sectores: artesanal e industrial, dotando al país de una normativa moderna, que entrega certezas y oportunidades de acceso, y que incorpora una necesaria reparación al sector artesanal, históricamente postergado.
Durante décadas, la pesca artesanal se ha visto perjudicada en múltiples dimensiones: comunidades con menor calidad de vida, flotas desactualizadas, poca capacidad de crecimiento y escaso poder negociador, a pesar de que son precisamente quienes realizan la mayoría de las capturas. Con esta ley, la cancha está mucho más pareja.
Se estima que habrá un traspaso neto de recursos desde la industria hacia los pescadores artesanales por un monto cercano a los 160 millones de dólares anuales, esto es una redistribución justa. No se trata solo de cifras: se trata de dignidad, desarrollo y bienestar para decenas de miles de familias que viven del mar, y de un impulso real a las economías locales de nuestras caletas.
Aquí, en la Región de Coquimbo, donde la pesca artesanal forma parte del alma de nuestro territorio, esta ley representa una transformación concreta y esperanzadora. Cumplimos con nuestro compromiso de avanzar hacia una pesca más justa, sostenible y transparente, alineada con los valores de un Estado que quiere estar verdaderamente al servicio de las personas.
Hoy celebramos un paso más hacia un país que se construye con equidad, con justicia territorial y con profundo respeto por sus raíces productivas y sociales.
Por Paulina Mora, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo
