La ministra aborda la necesidad de reducir la carga administrativa en establecimientos educacionales para recuperar el foco en la gestión pedagógica y el liderazgo directivo.
Hay una paradoja que debemos enfrentar si queremos recuperar los aprendizajes fundamentales: cada vez les exigimos más a nuestras escuelas, pero en lugar de darles apoyo y atribuciones, las sobrecargamos de burocracia. Esta contradicción debe corregirse y en el Ministerio de Educación estamos trabajando para hacerlo.
A poco de asumir, lanzamos el plan Directores por Chile, cuyo objetivo es volver a poner el foco en la sala de clases, recogiendo la experiencia y las propuestas de quienes lideran nuestras escuelas y que, durante los últimos años, han visto su labor desplazada hacia tareas administrativas.
El proceso convocó a más de 1.800 directores en jornadas regionales a lo largo de Chile y recibió 5.734 respuestas en una encuesta nacional. Luego, conformamos un Consejo de 25 directores, representativo de distintas realidades, que nos ha acompañado en la elaboración de una hoja de ruta con medidas concretas para transformar esta realidad.
Los hallazgos son elocuentes: 4 de cada 5 directores declaran que la carga administrativa interfiere con su labor pedagógica. Y cómo no, si destinan, en promedio, un 36% de su tiempo a actividades administrativas —papeleo, rendiciones, respaldos y protocolos— y solo un 26% a la labor pedagógica. A esto se suma la gestión de la convivencia escolar, que, producto de la proliferación de protocolos, también se ha vuelto cada vez más burocrática.
El problema se arrastra por años. En la última década, el sistema escolar ha acumulado 3.108 obligaciones para los establecimientos, entre leyes, reglamentos y circulares. Cuando la regulación crece sin revisar lo que deja atrás, corremos el riesgo de que el cumplimiento se convierta en un fin en sí mismo y de que el juicio profesional sea reemplazado por protocolos que debilitan el liderazgo de quienes tienen la responsabilidad de educar.
Frente a este diagnóstico, presentamos una hoja de ruta para pasar de la preocupación a la acción. Primero, revisar y eliminar burocracia innecesaria, identificando obligaciones duplicadas o que ya no tienen una justificación suficiente.
Segundo, simplificar rendiciones y procesos, aprovechando la información que el propio Estado ya posee, para dejar de pedir a las escuelas antecedentes que ya están disponibles.
Tercero, reducir fiscalizaciones repetidas y avanzar hacia una fiscalización formativa y preventiva. El Plan Anual de Fiscalización 2026 ya contempla un máximo de dos fiscalizaciones por programa para cada establecimiento y fichas personalizadas, evitando solicitar nuevamente documentos que ya están disponibles.
Pero hay una cuarta medida que atraviesa todas las anteriores: recuperar la confianza en quienes dirigen nuestras escuelas y reconocer el valor de su labor.
Confiar no significa renunciar a fiscalizar ni a exigir resultados. Significa reconocer que un director necesita autonomía y respaldo para ejercer su responsabilidad.
Estamos convencidos de que un director liderando tiene un impacto mucho mayor que uno llenando formularios. Porque la verdadera transformación de Chile pasa por mejorar los aprendizajes y la formación de nuestros estudiantes, y en esa tarea su liderazgo es insustituible
