La Sala del Senado aprobó la autorización para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social pueda votar el proyecto en general y en particular a la vez.
Además, el Ejecutivo y senadores de dicha Comisión acordaron un Protocolo que establece temas prioritarios a tratar y una metodología legislativa, que fija enero de 2025 como plazo para despachar el texto desde la Cámara Alta.
La Sala del Senado aprobó la autorización para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social pueda votar en general y en particular a la vez, el proyecto de reforma previsional del Gobierno del Presidente Boric, con tal de despacharla a más tardar en enero de 2025 de su segundo trámite constitucional. La autorización contó con 32 votos a favor y dos abstenciones.
Esto, luego de que, durante el mediodía del jueves 8 de agosto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acordaron con los senadores de la Comisión de Trabajo un protocolo que establece la metodología y los plazos para la tramitación, así como los nueve temas prioritarios a tratar en la instancia.
El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Trabajo, los senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda y Luciano Cruz-Coke.
La ministra Jeannette Jara manifestó que, “en primer lugar, agradecer y valorar la disposición para poder concordar una metodología con un plazo acotado. Creo que eso es lo más relevante de lo que estamos aquí hoy día conversando, porque la incertidumbre que ha afectado por tantos años a los pensionados del país comienza a tener un camino que se va despejando”.
La secretaria de Estado agregó que “hemos construido un camino que permite sacar adelante el proyecto de reforma a las pensiones de un callejón en el que ha estado un largo tiempo”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo: “Este acuerdo en la Comisión de Trabajo significa destrabar el tratamiento del proyecto de reforma previsional y fijar un plazo muy concreto para culminar su tramitación. Con ello se da mucha certidumbre, pero, sobre todo, es una respuesta clara del Congreso a quienes durante mucho tiempo han apostado por el fracaso de esta reforma”.
El ministro añadió que “este acuerdo define los principios sobre los cuales trabajar, contiene una descripción de los focos para una dimensión comprensiva de lo que la reforma debe contemplar y fija un procedimiento que va a permitir un avance lo más fluido posible”.
En la región de Coquimbo el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Francisco Brizuela, valoró el acuerdo alcanzado y enfatizó en la necesidad de avanzar hacia una reforma previsional y dijo que “en nuestro despliegue por el territorio y en el contacto con la ciudadanía hemos escuchado el sentir de ellos acerca de obtener mejores pensiones. En este sentido valoramos este acuerdo que nos da certezas de avanzar en la tramitación, en cuanto a plazos y protocolos, con el objetivo de responder al requerimiento generalizado de la población, que es avanzar en una reforma previsional que beneficie a los actuales y futuros pensionados y pensionadas.”
Metodología y plazos
Respecto de los plazos y la metodología de tramitación, el Protocolo señala que la Comisión de Trabajo del Senado discutirá la reforma previsional en general y en particular a la vez, luego de la autorización por parte de la Sala de la mencionada Corporación.
Así, el proyecto seguirá su tramitación en la Comisión de Trabajo en la forma de votaciones ad-referéndum, es decir, se van discutiendo los marcos de un potencial texto que se ingresa con posterioridad a votación. Esas votaciones ad-referéndum “desembocarán en un texto completo y consistente, el que será sometido a votación en general y particular al final del proceso. El proyecto deberá quedar despachado a Sala antes del término del presente año, concluyéndose el segundo trámite constitucional a más tardar en el mes de enero 2025”, señala el Protocolo.
Las votaciones ad-referéndum irán incorporando indicaciones que serán analizadas por una instancia técnica, conformada por representantes de las y los senadores de la Comisión, así como del Ejecutivo. El documento apunta que en la Comisión “se buscarán los acuerdos más amplios posibles, sin perjuicio de que aquellos que no logren alcanzarse se resuelvan por votación”.
Temas prioritarios en la tramitación
- Desarrollar mecanismos que permitan elevar el ahorro para pensiones, que involucren la tasa de cotización, la disminución de la informalidad previsional e incentivos a prolongar la vida activa. Es muy importante que la reforma no contenga elementos que desincentiven las cotizaciones.
- Establecer parámetros objetivos y claros para la determinación de la PGU (Pensión Garantizada Universal), de tal forma de evitar el populismo con este pilar clave del sistema de seguridad social y de importante implicancia fiscal.
- Modificar elementos de la organización industrial del mercado de fondos de pensiones para incrementar la competencia en precios y rentabilidades, la que ha demostrado ser actualmente insuficiente debido a la inercia de la demanda. Estas modificaciones deben evitar tener impactos negativos en la rentabilidad de los fondos.
- Perfeccionar aspectos de la gestión de fondos con el objetivo de elevar el retorno de los
mismos.
- Incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse, que aún tengan bajas tasas de reemplazo, a través de un Seguro Social. Este beneficio, según el diagnóstico ampliamente compartido, será transitorio y debe estar focalizado en mujeres y en personas de alta densidad de cotizaciones.
- Durante el período de vigencia del Seguro Social señalado precedentemente, se deberá generar un Fondo para sostener el pago de dicho beneficio, cuya inversión será licitada a privados.
- Se establecerá un mecanismo permanente que permita a hombres y mujeres, que tengan igual condiciones de jubilación (edad y ahorro), obtener la misma pensión.
- Se deberá velar por el reconocimiento de los aportes que hagan los cotizantes o sus empleadores a su nombre.
- Fortalecimiento de la institucionalidad previsional, tanto en la determinación de los parámetros del sistema como en velar por la sostenibilidad de los beneficios en el tiempo.