- El parlamentario calificó como de máxima gravedad la determinación de la magistrada Daniela Pinto, quien permitió que cinco miembros del Tren de Aragua quedarán en libertad tras el pago de una millonaria fianza.
“El país no puede darse el lujo que la justicia cometa errores de este calibre, considerando que hoy el crimen organizado se ha instalado en distintas regiones del país, provocando un aumento de la inseguridad y echando por tierra todo el trabajo desarrollado por Carabineros y la PDI en la búsqueda y captura de estos cinco sujetos”. Con estas palabras y haciendo un enérgico llamado a que la justicia cumpla bien su trabajo, el diputado Juan Manuel Fuenzalida decidió oficiar al presidente de la Corte Suprema solicitando información respecto al desempeño profesional que ha tenido la magistrada Daniela Pinto.
Según sostuvo el parlamentario, el objetivo no es solo conocer las calificaciones que tiene esta jueza, sino además su trayectoria en el poder judicial como también cuáles han sido las decisiones que se han tomado en la Corte Suprema para ver este caso, es decir, si se ha iniciado algún sumario en su contra, ya que la decisión es de una gravedad absoluta. “En cualquier empresa, tanto al fiscal como a la jueza, por este error les habría costado el cargo. Y esto no se puede dejar pasar. Y por eso vamos a solicitar la información, revisar los antecedentes y vamos a estar observando las actuaciones de este tipo de jueces garantistas”, recalcó el diputado.
Adicionalmente, el parlamentario recordó que la Fiscalía en este tipo de instancias judiciales y pudiendo tener conocimiento que la defensa de los imputados solicitaría un cambio de medidas cautelares debe presentarse no solo con argumentos sólidos sino además con profesionales preparados y acorde con las causas que deben defenderse.
Por último, Fuenzalida reiteró que solicitará antecedentes y estará observando a jueces que cumplan un papel garantista en los diferentes procesos, justamente en momentos que el Congreso aprobó una ley de reincidencia que pone limite a los magistrados que entreguen señales frente a este tipo de comportamiento.
