El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil inicia su segunda Consulta Ciudadana Participativa desde el 5 de octubre hasta el 8 de noviembre. El proceso busca recoger opiniones de la ciudadanía para fortalecer programas de reinserción de adolescentes y jóvenes, mediante encuesta virtual y sesiones presenciales con jóvenes privados de libertad.
La consulta contempla dos modalidades de participación: una encuesta virtual dirigida al público general disponible en https://n9.cl/cild4 y una instancia presencial destinada a jóvenes atendidos por el Servicio que se encuentran privados de libertad.
El proceso se enmarca en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Ley N° 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y la normativa institucional de participación ciudadana.
En 2026 la implementación gradual del Servicio alcanza un hito relevante con su despliegue a nivel nacional. La consulta busca ampliar el diálogo con la ciudadanía y conocer su percepción sobre el quehacer institucional, el nivel de conocimiento de sus programas y la valoración de la reinserción social juvenil como política pública.
También se espera identificar oportunidades para fortalecer la participación ciudadana y la articulación entre el sector público, el sector privado y las comunidades, con el propósito de generar mayores oportunidades de educación, capacitación, empleo, inclusión y desarrollo personal para adolescentes y jóvenes.
Desde el Servicio destacan que la participación de la comunidad y de los distintos actores sociales es fundamental para avanzar hacia procesos de reinserción sostenibles, que favorezcan la integración social y la construcción de nuevas oportunidades para los jóvenes.
Los resultados de la Consulta Ciudadana permitirán contar con evidencia para orientar las prioridades institucionales del período 2027, identificar brechas y oportunidades de mejora, y fortalecer la difusión de la oferta programática del Servicio.
La información recogida contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y sus familias, ampliar las oportunidades de colaboración público-privada y robustecer los mecanismos permanentes de participación ciudadana.
