Este instrumento internacional constituye un acuerdo visionario y sin precedentes,
alcanzado por y para América Latina y el Caribe, en el cual Chile ha comenzado a
ser Estado Parte desde el 11 de septiembre de 2022.
Elevar los estándares de la generación y entrega de
información ambiental, mejorar el acceso a la justicia ambiental, mayor
participación pública y proteger a defensoras y defensores de Derechos Humanos
en materia ambiental, son los objetivos principales que persigue el tratado
internacional en América Latina y el Caribe, más conocido como Escazú.
Durante 2023 se ha trabajo en la elaboración de un Plan de Implementación
Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) con el objeto de evaluar, con la
significativa participación del público, las brechas, oportunidades y definir las
medidas prioritarias para su incorporación plena y efectiva en Chile.
Es por esa razón que autoridades encabezadas por el delegado presidencial
regional (s), Galo Luna, junto a los representantes de las carteras de Justicia y
Derechos Humanos y Medio Ambiente, Rubén García y Leonardo Gros,
respectivamente, se reunieron para abordar los alcances de lo que será la
consulta para la implementación del plan de Acuerdo de Escazú.
En ese contexto, el seremi Rubén García Tapia, se refirió al trabajo realizado por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos relacionado al protocolo de los
defensores medioambientales, “sostuvimos una reunión con el delegado
presidencial regional subrogante y el seremi de medio ambiente, a fin de
poder realizar coordinaciones que tienen que ver con llevar a cabo el
protocolo de defensores medioambientales suscrito en el marco de la
comisión de coordinación del sistema de justicia penal, lo que nos va a
llevar a implementar el acuerdo de Escazú de buena manera en nuestra
región”.
En esa línea, Leonardo Gros, seremi de Medio Ambiente de la región de
Coquimbo, agregó en relación con el Acuerdo de Escazú que, “es una
oportunidad para el Estado de Chile de avanzar en acceso a la justicia
ambiental, la información, la participación ciudadana, y la defensa de los
derechos humanos de los activistas ambientales. Por eso iniciamos un
proceso de reuniones con distintos actores para buscar la forma de
implementar el convenio en la región y coordinar la consulta del Plan de
Implementación Participativa de Escazú con apoyo de funcionarios
municipales, quienes se capacitarán para la realización de los cabildos
locales y lograr una mayor participación”.
Cabe destacar que el Acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, al
superarse las 11 ratificaciones necesarias para ello y su primera Conferencia de
las Partes (COP) tuvo lugar entre el 20 y el 22 de abril de 2022 en Santiago de
Chile. Sin embargo, el país ha comenzado oficialmente a ser Estado Parte del
tratado desde el 11 de septiembre de 2022.
